Rechazan texto incluido en la Ley de Urgencia

Expertos en derecho civil pertenecientes al Instituto de Derecho Privado, cuestionaron artículos relativos a normas de urbanización tratados en la Ley de Urgencia

El diario La República dió a conocer recientemente

El reclamo que civilistas formularon con respecto al texto de la Ley de Urgencia en cuanto a la normativa de Urbanizaciones para Propiedad Horizontal , incluida en los artículos 49 al 56 de la normativa.
Según los expertos en derecho civil del Instituto de Derecho Privado la importancia del tema y de los intereses involucrados “hubiera merecido un estudio más detenido”, agregando que “es ciertamente extraño al ámbito de una ley de urgencia”, señalando que sería más adecuado regularlas en el marco de una ley general de urbanización.
Estas normas, advierten, son competencia municipal, ya que la regulación del ejercicio y las limitaciones del derecho de propiedad, unida a la ausencia en no pocos departamentos de ordenanzas municipales reguladoras del ordenamiento territorial (…), pueden llegar a generar “fenómenos de segregación social”.

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Ventas “en el pozo”

Los expertos del Instituto de Derecho Civil sugieren a la comisión parlamentaria sujetar la posibilidad de realizar negocios jurídicos relativos al complejo inmobiliario hasta el momento en que se hayan efectuado y habilitado las obras.
El artículo 54 del proyecto alternativo elaborado por la Comisión Interdisciplinaria de las Asociaciones de Escribanos, Agrimensores y Sociedad de Arquitectos del Uruguay requiere un mínimo de obras de infraestructura, que ha de reglamentar la respectiva autoridad municipal.
El inconveniente de la primera solución, que es la que mejor tutela a los promitentes adquirentes, estriba en que el inversor, antes de poder comenzar a vender, debe realizar todo el emprendimiento relativo a la infraestructura, con el costo que ello implica, lo cual acarrearía dificultades desde el punto de vista de la financiación de los proyectos.

“Conjunto” por “Complejo”

Entre las observaciones formuladas por el IDC, los firmantes opinan que resulta necesario salvaguardar las autonomías municipales respecto de la determinación de las zonas en que pueden ejecutarse las llamadas urbanizaciones e indicar expresamente cuál es el aplicable en caso de que no se opte por el de la propiedad horizontal.
Aconsejan adoptar una definición, reemplazando el vocablo conjunto por el de complejo y eliminando la referencia a las limitaciones en cuanto a las dimensiones de los lotes. Las razones de las modificaciones propuestas a juicio del grupo de civilistas es que la definición sugerida es más precisa y se amolda mejor a la realidad que describe y que al eliminarse las limitaciones se preserva más adecuadamente la autonomía municipal.

El texto propuesto en su artículo 49 establece que “las urbanizaciones desarrolladas en zonas urbanas, suburbanas o rurales de conformidad con las normativas de los respectivos municipios podrán regirse por el régimen de la Propiedad Horizontal. Se entiende por urbanización privada todo complejo inmobiliario dividido en múltiples lotes, objeto de propiedad individual, complementado por una infraestructura de bienes inmuebles y servicios comunes, objeto de copropiedad y coadministración.”

En relación al artículo 50 se sugiere a los legisladores modificar el inciso primero sustituyendo el vocablo inmuebles por el de “Lotes”, por ser la expresión técnica más adecuada. Solicitan se aclare que no es admisible la división de cada lote por la vía del fraccionamiento ni por la aplicación del régimen de la propiedad horizontal.

En el artículo 51 se advierte que “la copropiedad de los bienes comunes es inseparable de la propiedad de cada unidad. La cuota parte en la copropiedad debe ser directamente proporcional a la superficie del suelo de cada unidad, salvo que otra previsión se establezca en el Reglamento de Copropiedad.”

Los expertos solicitan que se indique cuáles son los bienes comunes, sugiriendo que son “aquellos destinados al uso y goce de todos los copropietarios, tales como los accesos a los lotes privados, circulaciones y conexiones entre los bienes comunes y los lotes, espacios libres destinados a actividades sociales o recreativas y sus instalaciones, los servicios generales de agua potable, saneamiento, energía, alumbrado, disposición de residuos sólidos en la forma que establezca el Reglamento de Copropiedad. Los servicios comunes deberán instalarse de modo que su operación general, mantenimiento y reparación, puedan realizarse desde los espacios comunes”.

Con respecto al artículo 53 consideran necesario reemplazar la referencia al promitente comprador por “promitente comprador o promitente adquirente”, a fin de abarcar la situación del promitente permutante.

También exigir la inscripción registral en ambos casos, para que exista certeza de las situaciones jurídicas involucradas y agregar la necesidad de la autorización por escrito del promitente vendedor o promitente enajenante, para realizar las obras, de manera de asegurar que el derecho al saldo del precio no se vea perjudicado, por la incidencia de los créditos privilegiados del constructor y del BPS.

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